El Concejo Deliberante de Armstrong se encuentra en un momento crucial al debatir la posible declaración de emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. Esta iniciativa, que ya obtuvo el aval mayoritario en la comisión de discapacidad, ahora está siendo analizada por las comisiones de Acción Social y de Hacienda. El objetivo principal es destinar todos los recursos necesarios para asegurar el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, en un contexto marcado por extensas demoras en los pagos a los prestadores de servicios a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
La problemática central que impulsa esta posible declaración de emergencia es la crítica situación financiera que enfrentan los profesionales de la salud y las instituciones que brindan atención a personas con discapacidad. Según se expuso en el debate, las demoras en los pagos pueden extenderse hasta seis meses, generando una situación insostenible para los prestadores, quienes deben cubrir sus costos operativos y mantener la calidad de la atención. Esta realidad también impacta directamente en las familias, que sufren la incertidumbre y las dificultades derivadas de la falta de flujo de fondos hacia quienes brindan las terapias y los servicios esenciales.
El concejal de Renovación por Armstrong, Emiliano Gramigna, expresó la visión de su bloque al señalar: «Nosotros creemos que aportando desde nuestro lugar un granito de arena y fomentando a los concejos vecinos, creemos que podemos darle solución a un problema que hoy no solamente atraviesa nuestra ciudad sino que atraviesa a cientos de familias.»
Por su parte, el concejal Jesús Urquia enfatizó la difícil situación económica de los profesionales del sector: «La demora en sus aranceles es de tres meses, cinco meses o seis meses cuando realmente esa gente tiene que pagar los impuestos, tiene que comer, tiene que vivir.»
Urquia también resaltó la vocación de servicio de muchos profesionales: «Así mismo, aunque los profesionales y no cobran los aranceles que tienen que cobrar, no dejan de atender a sus pacientes y es una acción para sacarse el sombrero.»
La urgencia de la medida también se refleja en la perspectiva de las familias, quienes priorizan el acceso a las terapias y servicios por encima de las consideraciones económicas. «Estar pensando en el recurso económico, cuando lo más importante son nuestros hijos, considerando una terapia para poder darle igualdad en una sociedad… esa igualdad tiene que ser en acción, pero en acción comunitaria,» se manifestó Urquía ante los medios locales.
La posible declaración de emergencia en discapacidad en Armstrong se presenta como un intento de dar una respuesta concreta a una problemática que afecta a un sector vulnerable de la comunidad y a quienes les brindan atención. La decisión final de las comisiones de Acción Social y Hacienda será determinante para el futuro de esta iniciativa, que busca garantizar los derechos, la inclusión y la calidad de vida de las personas con discapacidad en la región, así como asegurar la sostenibilidad de los servicios que necesitan.
