Tras la sanción de la norma que prohíbe los dispositivos lanza proyectiles en la vía pública, el debate se traslada a la aplicación de los controles y al fuerte impacto económico de las sanciones. Con multas que arrancan en $1.200.000, los padres serán los responsables legales y se descartan las tareas comunitarias.
La reciente aprobación de la ordenanza que prohíbe el uso de gomeras, rifles de aire comprimido y elementos similares en el ejido urbano de Armstrong marcó un antes y un después en la agenda legislativa local. Impulsada por el repudio social que generó un grave caso de maltrato animal, la normativa ya es un hecho y ahora el foco está puesto en cómo se implementará en las calles.
La iniciativa, que originalmente había sido presentada hace dos años por la concejal Luz Marina Fischer sin éxito, logró transformarse en un texto robusto gracias al consenso de todos los bloques en comisión. La edila remarcó que el objetivo central es frenar tanto el daño a los animales y aves locales, como las constantes denuncias por roturas de cristales en viviendas y vehículos de los vecinos.
Por qué se eligieron multas millonarias y no trabajo comunitario
Uno de los puntos más debatidos de la norma fue el tipo de sanción. Aunque se evaluó la posibilidad de aplicar tareas comunitarias —por ejemplo, obligar a los infractores a colaborar en jornadas de castración masiva—, los ediles decidieron descartar esta opción. Fischer argumentó que se priorizó exclusivamente la sanción económica para que «realmente duela en el bolsillo» y sirva como un límite efectivo. De esta manera, el cuadro tarifario fijado es severo: las multas mínimas se establecieron en torno a $1.200.000, pudiendo escalar hasta los $3.000.000, valores que se duplicarán de manera automática en caso de reincidencia.
Además, la ordenanza deja en claro un vacío legal que preocupaba a la comunidad: ante la presencia de menores de edad utilizando estos elementos, los padres o tutores legales serán quienes deban responder económicamente ante la justicia local.
El protocolo en la calle y el rol de los vecinos
Por su parte, el concejal Alejandro Pertusati ponderó que la mayor virtud de la ordenanza es que «ordena los procedimientos de control». Tras mantener reuniones con el jefe de Orden Público, Domingo García, se clarificó cómo debe actuar el personal. Será esta repartición municipal la encargada de constatar la falta en la vía pública, proceder al secuestro inmediato del dispositivo y labrar el acta correspondiente para elevarla al Juzgado de Faltas Municipal.
Pertusati hizo hincapié en que la efectividad de la norma dependerá del compromiso de la comunidad. Instó a los vecinos a utilizar los números de Orden Público, la Policía o a reportar situaciones sospechosas a través del centro de monitoreo y videovigilancia. «La denuncia vecinal no es para perseguir, sino para prevenir que tengamos personas heridas o mayores daños», concluyó el edil, recordando además que los ataques previos que dispararon esta ley ya se encuentran en manos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) bajo la órbita de la Ley Nacional de Protección Animal.
