La Secretaria de Gobierno brindó detalles sobre la reunión de comisión mantenida con la concejal Luz Marina Fischer (Bloque Avancemos). Fundamentó los métodos de cálculo de la contribución de mejoras, defendió el esquema de contratación privada y respondió con firmeza a los cuestionamientos sobre calidad, precios y acusaciones políticas.
Tras una tensionada reunión de comisión en el Concejo Municipal, representantes del Ejecutivo local —entre ellos las secretarías de Hacienda, Obras Públicas y Gobierno— salieron a cruzar las críticas vertidas por la concejal Luz Marina Fischer respecto al costo, control y calidad del pavimento urbano.
Evolución histórica y cálculo del costo.
Desde la Secretaría de Gobierno explicaron que la metodología actual para determinar la contribución de mejoras responde a un esquema normativo vigente desde el año 2010. Se recordó que el municipio pasó por distintas etapas históricas (desde el cobro fijado en bolsas de cemento hasta el pago del 50% por adelantado) hasta establecer la ordenanza actual, basada en una unidad de variabilidad atada al valor del hormigón H30.
A la fecha, el metro cuadrado de pavimento terminado cotiza en aproximadamente $73.680, valor que abarca mano de obra, movimiento de suelos, materiales y el material estipulado por normativa. Además, se enfatizó que el plan de pavimentación responde a los pedidos formales de los vecinos (requiriendo un 60% de aprobación mediante el registro de oposición), sin exigir dinero por adelantado y brindando esquemas de financiación posteriores a la ejecución de las cuadras.
Tercerización de obras y comparación con otras localidades.
Frente a los planteos de abaratar costos ejecutando las obras con cuadrillas propias —como sucede en ciudades vecinas como Las Rosas—, desde el Ejecutivo remarcaron que se trata de una decisión política. Mantener una planta de personal reducida evita cargar sobre toda la población activa el costo de maquinaria y personal específico. Según indicaron, en municipios donde el costo aparenta ser menor, el Estado aborbe el gasto operativo con impuestos de todos los contribuyentes, mientras que en Armstrong paga la obra el frentista beneficiado. Este esquema privado permitió, por ejemplo, la ejecución simultánea de 25 cuadras el último año.
Transparencia, controles y cruce político.
En cuanto a los mecanismos de contratación, se argumentó que el rechazo de la Licitación N° 9 se debió a que las ofertas superaban los análisis de costos oficiales. Al volver a licitar con precios de referencia públicos, se lograron reducciones de hasta un 30%. Asimismo, sobre la calidad de las obras y los controles, remarcaron que existen ensayos simultáneos por parte del equipo técnico local y de las empresas proveedoras. Ante fallas en pruebas de resistencia, las garantías estipuladas obligaron a las contratistas a rehacer los paños sin costo alguno para el frentista.
Finalmente, la funcionaria rechazó enfáticamente los descalificativos y acusaciones de corrupción vertidos en el marco de la contienda política y redes sociales, instando a los concejales a estudiar las ordenanzas vigentes y a defender las instituciones con argumentos técnicos y seriedad.
