La propuesta apunta a promover un marco legal que permita al Estado provincial avanzar en la construcción de soluciones habitacionales y «revertir situaciones de informalidad urbana».
Por iniciativa del presidente de la Cámara de Diputados provincial, Antonio Bonfatti, ingresó a la Legislatura provincial el proyecto de Ley de Uso del Suelo y Hábitat. La propuesta apunta a promover «la consolidación de un marco legal más igualitario en materia de acceso a la tierra, que permiten al Estado provincial, avanzar en la construcción de soluciones habitacionales, y prevenir y revertir situaciones de informalidad urbana».
El exgobernador señaló que la iniciativa busca «dotar a los gobiernos locales de herramientas que les permitan hacerse de tierras e infraestructuras necesarias para aquellos sectores sociales que tienen problemas habitacionales, garantizando una distribución más equitativa y solidaria del suelo urbano entre la población».
Mediante un comunicado, Bonfatti recuerda que durante su gestión como gobernador fue creada la Secretaría de Estado abocada específicamente al tema, y que además en agosto de 2012 se lanzó «Mi Tierra, Mi Casa», un programa estratégico que apunta a la generación de lotes urbanizados destinado a sectores medios.
La norma se enfoca en reforzar esta estrategia, ampliando el marco jurídico con el que cuenta la provincia para garantizar el derecho constitucional a la vivienda y el hábitat digno. «Tal objetivo se alcanza a partir de la creación de instrumentos de gestión social, urbana y fiscal, que permiten la construcción de un nuevo orden urbano por parte del Gobierno Provincial», expresa el texto.
La ley propone ejercer el derecho de preferencia en favor del Estado para la adquisición de inmuebles cuando existan fundamentos en la regularización dominial de asentamientos irregulares y/o de ejecución de programas de interés social y urbano.
Se plantea además la fijación de requerimientos especiales de aporte y/o cesión (el equivalente a un 10 por ciento de la superficie urbanizada descontada calles) para aquellos emprendimientos de desarrollo urbano de gran escala (con parcelas mayores a los 10.000 metros cuadrados), estableciendo que la misma podrá ser en suelo, infraestructura o valor equivalente y para el uso exclusivo de urbanizaciones de interés social.
También, se enfoca en nuevas formas asociativas entre entes del sector público y respecto de éste y el sector privado, orientadas a generar suelo con servicios básicos para disponer entre quienes no cuentan con lote o vivienda propia.
