Facturas truchas en Municipalidad de Armstrong.
También de la actual concejal Di Paolo (ex secretaria de Hacienda), de la contadora Palacios y de una empleada administrativa. La medida fue solicitada por la Fiscal Gabriela Lescano tras conocerse los resultados de las pericias caligráficas.
FUENTE: PERIODICO EL INFORME DE LA CIUDAD (CAÑADA DE GÓMEZ)
La causa por el cobro de dinero a través de facturas apócrifas en la Municipalidad de Armstrong tuvo un giro inesperado sobre el fin de la feria judicial. La Fiscal del Distrito Judicial N°6, Dra. Gabriela Lescano, solicitó el procesamiento por falsificación de documento de la actual concejal Beatriz Di Paolo, de la contadora Gabriela Palacios, de una empleada administrativa de la Sección Contaduría y del intendente Pablo Verdecchia. Y una vez que se resuelva el pedido de Fiscalía (seguramente ni bien finalice la feria judicial) y queden firmes los pedidos de procesamiento, la causa ya está en condiciones de ser elevada a juicio.
Luego de la realización de las pericias caligráficas sobre un total de siete personas, entre funcionarios y empleados municipales, el resultado arrojó la posibilidad de la confección de las mismas por la actual concejal Beatriz Di Paolo, la que en su momento era la secretaria de Hacienda del municipio. Posteriormente a ello se solicitó una ampliación de la pericia contable que se había realizado oportunamente. Y esta pericia determinó ciertas irregularidades que, en el cúmulo de la causa, desembocaron en el pedido de procesamiento de estas cuatro personas (entre empleados y funcionarios), a algunos de los cuales les habían dictado previamente una falta de mérito.
“Puntualmente la ampliación de la pericia caligráfica fue sobre cinco cheques, los cuales fueron emitidos por las personas mencionadas (en su mayoría por el mismo intendente Verdecchia) y no se ha podido demostrar la imputación real que se le dio a los mismos. Es decir, en la contabilidad del municipio, no ha quedado acreditado realmente a qué se imputaron esos pagos” comentó el Dr. Fabio Ferreyra, abogado que representa al Concejo Deliberante como querellante en el marco de la causa que investiga el cobro de dinero a través de facturas apócrifas en la Municipalidad de Armstrong.
En total, los pagos realizados por esos cinco cheques mencionados ascendieron a la suma de casi 280 mil pesos en total. A esto hay que sumarle los montos correspondientes por las facturas truchas que excedían los diez mil pesos en efectivo, una práctica que está expresamente prohibida ya que la legislación establece que los pagos de facturas superiores a esa cifra se deben liquidar con cheques.
En dicha pericial contable los peritos de la Corte Suprema determinaron que los pagos realizados por el intendente de Armstrong Pablo Verdecchia no poseían respaldo contable. Y respecto a Beatriz Di Paolo su situación es más compleja porque no solamente hay una pericia caligráfica por haber confeccionado algunas facturas que obran en la causa sino que además se agregaron declaraciones testimoniales de distintos comercios que manifestaron no haber trabajado nunca con la Municipalidad de Armstrong. Se acreditó que los números de CUIT no eran los de los negocios ni de los titulares de los locales comerciales, por lo cual fue oportunamente procesada.
Vale recordar que Beatriz Di Paolo ya cuenta en su haber con un procesamiento firme y está esperando el momento del juicio como autora como autora de los delitos de peculado, falsificación de documentos y abuso de autoridad, delitos que tienen una pena en expectativa de 2 años a 10 años e inhabilitación absoluta perpetua para ocupar cargos públicos.
El Concejo Deliberante de Armstrong todavía no resolvió nada sobre la situación de la actual edil Di Paolo (sobre la cual pesa un procesamiento y ahora tiene otro pedido de procesamiento), como así tampoco sobre el intendente Pablo Verdecchia, y espera que la causa llegue a su fin para actuar en consecuencia.
Las facturas objetadas datan su emisión y su eventual pago en el período mayo-agosto de 2010 y su pago generó un perjuicio tangible económico a la Municipalidad por casi 200 mil pesos ($ 199.804,40). “Creemos que hubo una defraudación a la administración pública y para la etapa de juicio tenemos elementos suficientes para lograr una condena. Los elementos probatorios son contundentes, los cuales hacen presumir la responsabilidad de los funcionarios municipales. Tenemos grandes posibilidades de lograr una sentencia condenatoria que, en principio, sería en un juicio oral y público” finalizó diciendo el Dr. Fabio Ferreyra.
