Las BPA(buenas prácticas agropecuarias) en la mira
Las buenas prácticas agropecuarias son una suerte de principios a tener en cuenta en el manejo de los agrotóxicos, con la pretendida finalidad de minimizar los riesgos para la salud y el ambiente. Los promotores de estas técnicas sostienen que, trabajando de esta manera no habría problemas. La realidad y los vecinos afectados dicen otra cosa.
Las cosas no son así, están así
El actual sistema productivo agrícola basado en la alta dependencia de insumos químicos tóxicos y eventos transgénicos, está provocando daños significativos en la salud de las poblaciones humanas, animales y el ambiente en general. Si bien las evidencias en este sentido son cada vez más compartidas y contundentes, los intereses que sustentan el agronegocio son tan influyentes que se establece una especie de zona de conflicto, sobre todo en las poblaciones más expuestas, ante la necesidad de dar una respuesta a la problemática.
En este caso, una fumigación en una zona caliente de Cañada de Gómez, nos sirve de herramienta de análisis para algunos de los distintos puntos de vista.
Pago chico
En la ciudad, para rastrear la legislación existente en materia de reglamentación del uso de los químicos del agro, hay que remontarse hasta los años 80. Desde 1985 regía una ordenanza que prohibía el uso y almacenamiento de los biocidas en un radio que se extendía a los 3000 m (sí, tres mil metros) del ejido urbano. A comienzos del 2018 fue revalidada como todos los años. Y también incumplida por todos los gobiernos municipales, desde su sanción y hasta el año pasado. La actual gestión municipal, que ya va por su tercer mandato, se cansó de decir que no podían hacer nada porque la competencia es de la provincia, que debe hacer cumplir la ley 11273. Esta legislación provincial no es clara y permite interpretaciones diversas. Tanto que debe haber una zona de resguardo de 500m libre de cualquier aplicación, como lo entendemos quienes queremos alejarlas; como que con determinados productos y con las BPA se puede aplicar hasta el mismo limite periurbano, como promueven los más cercanos al agronegocio. Por ejemplificar solo lo que refiere a los metros sin aplicaciones. La provincia tampoco hizo nada por cumplir ninguna de las reglamentaciones.
A mediados de 2018, después de la denuncia penal de Norma Cabrera, patrocinada por un abogado del “paren de fumigarnos”, contra varias personas (incluida la intendenta), después de la conformación de un colectivo de vecinos movilizados por la problemática y después de que el tema alcanzó una difusión mediática importante, el oficialismo municipal sancionó, a fin de 2018 una nueva ordenanza. Contradiciendo el “no podemos hacer nada”, ahora determinaron una zona de 150m sin aplicaciones. Para muchos, una medida anticonstitucional porque es regresiva en cuanto a la protección del ambiente, respecto de la ordenanza anterior. Igual, ésta sería la vigente.
Los hechos
Calle La Plata, entre Laprida y Alem. Al sur, la ciudad, entre ellos Norma Cabrera, vecina que, cansada de sufrir el deterioro de su salud, de sus animales y de su huerta por la deriva de los agrotóxicos, volvió a poner el cuerpo para denunciar a los responsables. Al norte, el campo de un propietario que no lo trabaja y un productor que lo alquila y produce en él. Actualmente, un cultivo de soja transgénica, que contando 150 m desde calle La Plata está lleno de yuyos, de ahí en adelante solo la soja sobrevive al coctel aplicado en las fumigaciones.
Por el mediodía del 7 de enero de 2019, el productor comenzó una nueva fumigación, esta vez respetando la ordenanza recientemente aprobada por el municipio. Según el ingeniero municipal a cargo, estuvo presente durante toda la aplicación, desde el llenado del tanque hasta que el mosquito salió del campo, el agrónomo responsable del control. Así constató los productos utilizados, en este caso todos de banda verde, un graminicida (cletodin) y dos aceites adherentes, dirección y velocidad del viento. Según el funcionario, todo conforme a la ordenanza.
A la tardecita del mismo día, con la tarea ya realizada, empieza a soplar una briza desde el norte. El aire en la casa de Norma se enrarece y ella, conociéndose, se preocupa. Hace años que viene sufriendo problemas de salud vinculados a las aplicaciones. También la muerte de animales de granja y signos de toxicidad en algunas plantas. Su cuerpo, a esta altura tan sensible a alguno de estos productos como el canario de la mina a la falta de oxigeno, no se deja engañar y reacciona. Y otra vez un recorrido de médicos, policías y abogados que la agota tanto como padecer estas reacciones.
Algo no funciona
Muchos siguen sosteniendo que, si las fumigaciones se realizan “bien”, nadie debería tener problemas y que se podrían realizar prácticamente sin una distancia “buffer”. La aplicación del 7 de enero se hizo conforme a lo que se conoce como BPA. Y respetando la distancia que propone la nueva ordenanza, en este caso, 150 metros de calle La Plata. No obstante, lamentablemente, el cuerpo de Norma nos señala que igualmente alguno de estos productos nocivos para la salud llegó hasta los vecinos.
Este suceso, como muchos otros, demuestra que las BPA, son al menos insuficientes, para cuidar la salud de la población. Y que, combinados con 150 metros sin aplicaciones, no constituyen una protección seria. Por el contrario, convalida la información científica que sostiene que las fumigaciones, con sus distintas posibles formas de derivas por la interacción con algunas condiciones climáticas imprevisibles, son en cierta forma, incontrolables. Y por eso exigimos, al menos, controlarlas y alejarlas lo más posible. Y anhelamos que se le preste atención a los muchos ejemplos de agricultura sin venenos, que cada vez seduce a más familias productoras y que suman ya muchos años de experiencias.
Asociación Derechos Humanos CDG
