Perotti tiene aliados y estrategia para ir a fondo en la Legislatura por Presupuesto y 100 millones de dólares para su plan de conectividad. ¿Existe el senador número 13?
Las siete semanas que restan hasta fin de año serán electrizantes para la política santafesina. Al tiempo que la pandemia afloja y la agenda se descongela, entran en escena controversias que tensan una vez más las siempre inestables relaciones entre peronismo y Frente Progresista.
Se aproxima una batalla en la Legislatura provincial. El motivo: las dos leyes de conectividad con endeudamiento externo que impulsa el gobierno, el presupuesto 2021 y la reforma de seguridad.
La falta de consensos básicos está a la vista. Y esta es la noticia: Poder Ejecutivo y senadores justicialistas avanzarán confiando en sus propias fuerzas y apostando por no hacer concesiones a la Cámara de Diputados que controla el Frente Progresista. La estrategia parlamentaria incluye, si fuera necesario, forzar una triple revisión para definir con una mayoría especial en caso de no haber acuerdo, como es probable que suceda. Para eso necesitan 13 votos. Hasta ahora cuentan con 12 propios y toda la esperanza de que un senador opositor se transforme en la llave para la mayoría soñada. Senador que tiene nombre y apellido.
La legislación santafesina prevé que la cámara de origen de un proyecto, si consigue los dos tercios de los votos, puede definir en tercera revisión la suerte de una ley después que cada cámara haya mantenido en dos oportunidades su posición.
Hace tiempo que el senador Hugo Rasetto –radical electo por el Frente Progresista que saltó al macrismo y juega como líbero– es mencionado, por unos y otros, como el ariete que puede servirle al oficialismo esa decisiva mayoría especial si fuese necesario. Antes de cualquier juicio vale una aclaración. El jueves pasado, en el primer tratamiento de las leyes de conectividad, eso no ocurrió. Votó la abstención en la misma línea que el resto de los senadores radicales. Todos saben que esa ley volverá de Diputados con cambios. El escenario está abierto.
La oposición sostiene que el plan de conectividad es necesario, pero objeta aspectos en los que el Ejecutivo hasta aquí no cede: fijar un techo en la tasa de interés y especificar el posible uso de la ampliación de 100 a 120 millones de dólares del préstamo; incluir la conectividad de las zonas rurales; aclarar el rol que se le reserva a las empresas privadas y el de la empresa estatal en la última milla, es decir adentro de las localidades donde ya operan prestadores pymes y cooperativas.
También el Presupuesto 2021 promete semanas de alta tensión. En primer lugar el gobierno tiene que cerrar la negociación con los propios senadores del PJ. El clima es de diálogo, pero algunos de ellos sienten que sus departamentos están ninguneados en materia de inversión pública. Por eso convocaron para el jueves en el bloque al contador Walter Agosto, pero como no quieren discutir solamente números, pidieron también la presencia de la ministra de Infraestructura Silvina Frana y el todavía en funciones ministro de Gestión Pública Rubén Michlig. Como este último ministerio está en transición, no se descarta que también participe Marcos Corach, quien ya funciona como los ojos y oídos del gobernador.
Una vez que pase a Diputados, es un hecho que sufrirá modificaciones. El propio Miguel Lifschitz y diputados de la UCR ya adelantaron que no están de acuerdo con renovar la ley de emergencia votada al inicio de la pandemia en marzo pasado, tanto en lo relativo a prerrogativas administrativas como en los niveles de endeudamiento autorizados en marzo, que llegaban hasta los 54 mil millones de pesos. El proyecto incluye además autorización para tomar préstamos en moneda local o extranjera. Todo eso al margen de los 100 millones de dólares para el plan de conectividad, con posibilidad de ampliarse a 120, que está en tratamiento por ley específica.
Otro punto de conflicto será el artículo 53, que en la práctica busca emprolijar dentro de una ley general el decreto 1184 que esta semana levantó polémica. Declara la “inaplicabilidad” de la ley 13896, que hace un año plasmó en ley lo que era el Plan Abre, que desde entonces pasó a denominarse Programa de Intervención Integral de Barrios, y lo reemplaza por otro denominado Incluir. El decreto también elimina el piso de recursos a invertir en relación al presupuesto total de la provincia y extiende el alcance a todas las comunas de la provincia.
“Ese artículo no va a pasar”, dijo la diputada socialista Lionella Cattalini, ex responsable del Plan Abre en Rosario, anticipando el escenario de que se avecina en la Cámara baja. Para socialistas y radicales, el peronismo transformó el Plan Abre en una simple caja para repartir discrecionalmente obra pública entre intendentes y presidentes comunales.
Planteadas así las posiciones, asoma, como en el principio de la gestión de Perotti, semanas de cruces y conflicto político. Lo único que parece haber cambiado es que Perotti construyó una instancia de negociación y acuerdo con los senadores de su partido. No son lo mismo, pero son aliados. Y eso cuenta para jugar fuerte, ya sea tensionar para ganar en la última jugada con una mayoría especial o, si es necesario, prorrogar el actual presupuesto sin sobresaltos.
