El Senado santafesino pidió que se investigue el accionar procesal de los fiscales de la Unidad de Delitos Complejos y Económicos de Rosario, Adrián Mac Cormack y Sebastián Narvaja, en una antigua causa que involucró a policías de la comisaría 19°. Si bien no son los primeros en plantear sus sospechas respecto de cómo se actuó en ese caso, la justicia ya determinó en tres instancias que no hubo irregularidades. La ofensiva que encara por estos días la Cámara alta provincial tiene un trasfondo complejo, ya que hay senadores que están siendo investigados por esa misma Unidad Fiscal por el presunto desvío de fondos públicos y manejo arbitrario de subsidios.
El texto aprobado por los senadores la semana pasada señala que “dichos funcionarios (Mac Cormack y Narvaja) presumiblemente habrían, mediante coacción, exigido a un detenido la imputación hacia un personal policial a cambio de beneficiarlo en su situación procesal”. Esto mismo ya fue denunciado en 2014 y en tres diferentes instancias judiciales se falló a favor de los fiscales.
“Nos llama la atención que un tema cerrado se presente en la Cámara», afirmó Adrián Mac Comarck en diálogo con Rosarioplus.com, quien dudó que sea una mera coincidencia el hecho de que él y Narvaja estén al frente de investigaciones que ponen la lupa, precisamente, sobre senadores provinciales.
Son varias las causas que abren sospechas respecto del manejo de fondos por parte de legisladores provinciales. Una es la que inició la denuncia del concejal Jorge Boasso sobre un presunto manejo arbitrario de subsidios por parte de legisladores en épocas electorales, tema que tuvo repercusión en medios nacionales. Otra es la investigación sobre el accionar del senador Guillermo Cornaglia, que podría ser imputado por cuestiones ocurridas cuando era jefe comunal de Bouquet: falta de 900 mil pesos de una partida de dinero destinada a construir un jardín maternal que no llegó a construirse y falta de rendición de cuentas al gobierno nacional por una compra. Por otra parte, se suma una investigación que atañe al ex senador del departamento Belgrano, Alberto Crossetti, por supuesto enriquecimiento ilícito.
Sobre estas y otras causas se pidió información a diferentes legisladores pero aún no respondieron a fiscalía, precisó Mac Cormack. “Con todas estas investigaciones en trámite, de repente se activa una causa de 2014 que está analizada por siete jueces, fiscal regional, fiscal general. No conozco un antecedente en donde hayan estado todos los senadores preocupados por un hecho de este tipo», afirmó a este medio el titular de la Unidad Fiscal. Enfatizó: «Yo no interpreto nada, brindo datos objetivos”.
Narvaja y Mac Cormack son, además, los fiscales que investigan la Megacausa de estafas inmobiliarias y lavado de dinero, caso que involucra a empresarios y figuras reconocidas de la ciudad. ¿Puede haber además ecos de la Megacausa en esta reciente embestida de los senadores provinciales? “Eso también podría estar presente”, se limitó a opinar el fiscal. Analizó: «Esto apunta a desprestigiarnos y sacarnos credibilidad».
La denuncia a los fiscales
Los senadores apuntan a un episodio ocurrido en 2014, cuando un delincuente disparó contra dos personas en Espinillo y Seguí, en Rosario, y luego escapó del lugar. Según la acusación fiscal, dos policías llegaron al lugar del hecho, pero «no hicieron la investigación». En cambio, contactaron a las víctimas (que tenían antecedentes penales) y al victimario, y «los extorsionaron».
Los efectivos, cinco en total, fueron acusados por Mac Cormack y Narvaja de secuestro, robo y cobro de coimas para devolverle la libertad al agresor. Además, los fiscales citaron a las víctimas como testigos en la causa de la extorsión policial, y les explicaron que fueron involucrados en dos hechos: la balacera y la presunta extorsión policial. Esto quedó grabado.
Sin embargo, los senadores interpretan que los fiscales les habrían solicitado a las víctimas que no reconocieran a su agresor, ya que a éste lo requerían como testigo para avanzar contra los policías. Y al agresor le exigieron “la imputación hacia un personal policial a cambio de beneficiarlo en su situación procesal”.
El Senado considera que en la charla los funcionarios incurrieron en estafa procesal e incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y malos comportamientos para poder beneficiarse en la investigación contra los agentes de la 19.
Tras un camino judicial de dos años, los policías terminaron recibiendo en 2016 penas que fueron de los 6 a los 16 años de prisión, además de la inhabilitación por diez años para la función pública y una multa económica de hasta 20 mil pesos.
Cosa juzgada
Desde 2014 se plantearon reparos sobre las actuaciones de los fiscales y la Justicia analizó este caso en tres instancias diferentes, tanto judiciales como administrativas, siempre con el mismo desenlace: se determinó en ellas que los fiscales habrían actuado bien. Mac Comarck afirmó a Rosarioplus.com: “Es un tema que los resolvieron siete jueces, en tres instancias, una auditoría externa también, y todos convalidaron la prueba. Es un tema que desde 2014 está terminado”.
Además, hubo un pedido de apartamiento en el que tanto el fiscal regional (en su momento Jorge Baclini) como el fiscal general (entonces Julio De Olazábal) resolvieron que no hubo irregularidades en las actuaciones. “Es una denuncia con falta de especificidad total del hecho y ante la comisión de asuntos Institucionales, que no tiene competencia para avanzar en tal sentido”, finalizó.
Fuente: Rosarioplus.com
