La diputada provincial Claudia Giaccone estuvo presente este lunes 6 de febrero en la reunión realizada en el Centro de Unión de Almaceneros de Rosario, donde comerciantes y pequeñas empresas debatieron acciones para detener este nuevo Tarifazo.
“Estamos en presencia de una nueva expoliación a los sectores populares. Los incrementos de tarifas decididos y otros ya adelantados y por venir, alcanzas cifras de escándalo, son expropiativos e inconstitucionales”, dice Giaccone. “Acompañamos el reclamo de esta Multisectorial con un pedido es concreto que es parar la mano ante nuevos aumentos que muchos ya no podrán afrontar. Todo esto se traduce en más recesión y pérdida de fuentes laborales”, sentenció.
Se evalúan acciones judiciales y político. En el primer caso interponer un recurso de amparo en la esfera Judicial Federal ante el aumento en el gas, y en Tribunales Provinciales dado los incrementos en energía eléctrica y agua. Y por el otro unir voluntades políticas en una gran movilización al Monumento a la Bandera para demostrar el descontento “ante un nuevo asalto al bolsillo de la gente”, remarcó la legisladora.
Participaron del encuentro Multisectorial contra el Tarifazo, en una pulseada contra los gobiernos provincial y nación, representantes de todos los centros comerciales de Rosario, pequeñas y medianas industrias; almacenes y autoservicios; carnicerías, bares y restaurantes; y distintas cámaras. Asistieron también otros legisladores (nacionales, provinciales, concejales), organizaciones sociales y organismos de defensa del consumidor.
Una nueva reunión se realizará el próximo lunes 13, a las 14 horas en la sede del Centro de Unión Almaceneros (Rioja 1631 – 2°Piso – Rosario)
“ASALTO AL BOLSILLO DE LOS TRABAJADORES”. “Hace una semana atrás manifestamos que en estos dos meses de 2017 los argentinos, y los santafesinos es particular, nos encontramos con aumentos de impuestos, servicios y consumos básicos que impactan sustancialmente sobre los ingresos salariales y de las PyMEs”, dice Claudia Giaccone. “Los combustibles un 8%, la tarifa de la EPE de un 35% -al que se agregó otro del 8% luego del aumento que anunció el Ministro Aranguren, estudiándose una suba superior para mayo-; Aguas Santafesinas que es del 39% -y se suma al 48% del 2016-, el gas por redes que subirá y mucho en abril, la telefonía celular sumará un 12%, el impuesto inmobiliario tanto urbano como rural se incrementa 30% -a lo que nos opusimos pero igualmente fue aprobado-; y los peajes, la medicina prepaga, y etc. etc. etc.”, agregó.
“Ninguno de estos aumentos se ajusta a las recomendaciones de la Corte Suprema de ser razonables y progresivos, entre otras cuestiones. Por lo contrario, son abusivos”, manifestó. “Un trabajador se encuentra hoy con que debe destinar el 40% o más de su sueldo en pagar impuestos y servicios. Esto es algo expropiatorio que debe considerarse inconstitucional. Pero además todo se traduce en reducción del consumo del millones de personas, que finalmente atenta contra las PyMEs, la industria nacional y otras formas de producción, lo cual sumado a la importación indiscriminada está llevando a despidos, pérdidas de empleos y desesperación”.
La legisladora continuó expresando que observa con preocupación que se considere al valor de los servicios como un “precio” de la economía, en donde el Estado no debe participar. “Esto, que es el pensamiento político del macrismo, se repite en la provincia de Santa Fe; y suena extraño en un gobierno como el socialista, que debería tener una mirada progresista sobre el tema, así como también sorprende que estas medidas regresivas tengan un fuerte acompañamiento de un partido popular como es el radicalismo, abandonando sus banderas”, continuó.
“Lamento que el gobernador Lifschitz acepte estas subas en empresas provinciales, decidiendo una ausencia del Estado en su papel equilibrador del impacto sobre los sectores sociales más desprotegidos. No se puede tomar la decisión política de que nada debe ser aportado por el presupuesto provincial. La excusa es la crisis energética, lo cual es falso porque las tarifas aumentan pero nada se invierte en producción de energía. Se trata de un plan sistemático, decidido, e inminente de que ni un peso del Estado vaya a llevar alivio a los que menos tienen”, expresó Giaccone.
“Estamos yendo hacia una situación social de desestabilización, con los gremios en pie de guerra corriendo desde atrás para que las paritarias logren recomponer las pérdidas de la capacidad adquisitiva, pero muchas veces esos pedidos salariales justos y necesarios son imposibles de pagar por innumerables comercios o industrias pequeñas y medianas, generando un gran descalabro. Se pretende una Argentina donde el 20% viva bien, y el resto se las arregle como pueda”, concluyó Giaccone.
