Para los colaboradores del gobernador electo, es clave que en esta etapa la gestión saliente cumpla con la ley de responsabilidad fiscal.
«Es la economía». La trillada frase atribuida a un entonces candidato presidencial estadounidense resume la larga reunión que mantuvieron ayer los integrantes de la comisión de transición creada por el Partido Justicialista (PJ) para resolver con el gobierno de Miguel Lifschitz los términos del traspaso de la administración provincial.
Se espera que, con la llegada de julio, se formalice la apertura de las conversaciones conjuntas. Por lo pronto, ayer no hubo actividad legislativa alguna y los peronistas aprovecharon para juntarse en la oficina del senador provincial Alcides Calvo buena parte de la tarde.
El lugar cercano al Palacio de Leyes en la capital provincial fue el escenario para que el propio Calvo, su par Armando Traferri, los diputados Roberto Mirabella y Leandro Busatto y el ex ministro Coordinador durante la última gestión de Jorge Obeid, Rubén Michlig, entre otros, comenzaran a esbozar las líneas sobre las que deberán acordar con el socialismo para transitar los seis meses de coexistencia entre gobiernos saliente y entrante.
Y, aunque serán muchas (la de ayer fue apenas una primera reunión), la cuestión presupuestaria o, si se prefiere, financiera, aparece ubicada al tope de las prioridades. Entre otras razones, porque la crisis socioeconómica que afecta al país viene haciendo caer la recaudación de modo sostenido en una provincia donde rige la cláusula gatillo automática para evitar que los salarios pierdan poder adquisitivo.
Ese dispositivo es eficaz para evitar que la inflación mengüe de modo creciente la capacidad de consumo a los empleados públicos, pero resulta muy sensible al amesetamiento de los recursos impositivos y, más aún, a su achicamiento.
Si ese dato por sí mismo genera inquietud (esto dicho en off, al comienzo, por alguno de los asistentes), con más razón cualquier otra medida que se pueda tomar. Es por ello que el PJ orgánicamente saldrá a exigir que se respeten de modo taxativo los artículos 15 y15 bis de la ley de responsabilidad fiscal.
Esa decisión de actuar orgánicamente llevó a que los asistentes a la reunión acordaran no hacer declaraciones públicas. La información oficial se distribuiría en un comunicado formal, al menos eso se prometió, supuestamente hoy (se deduce que la demora sería para consensuar con el propio gobernador electo, Omar Perotti, los términos del texto).
Los contactos informales que nadie confirma, pero que todos dan por sentado, entre los que comienzan a irse y los que se aprestan a llegar ya habrían producido un primer acuerdo tácito: hacer una transición prolija, ordenada y discreta.
Además de la razones formales que puedan esgrimirse para ello, todos tienen presente que los mismos actores deberán seguir conviviendo con responsabilidad de gobierno. Los socialistas y radicales, que dejan de ser oficialismo en el Ejecutivo, pasarán a ser oposición. Aunque manejando Diputados. Los peronistas mutarán de opositores a oficialistas al instalarse en la Casa Gris el10 de diciembre próximo.
El artículo 15 de la ley de responsabilidad fiscal dice en su primera parte: «El Ejecutivo nacional, los Poderes Ejecutivos provinciales y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sólo podrán, durante la ejecución presupuestaria, aprobar mayores gastos de otros poderes del Estado siempre que estuviera asegurado un financiamiento especialmente destinado a su atención. Asimismo, no podrán aprobar modificaciones presupuestarias que impliquen incrementos en los gastos corrientes en detrimento de los gastos de capital o de las aplicaciones financieras».
De su lectura queda bastante en claro por dónde pasan las preocupaciones. Incluso, no habiendo sido desmentido (tampoco ayer) que piensa hacer ajustes donde lo crea necesario. La desaparición de los nodos, la reducción de la planta de personal político y una reformulación del gabinete (administraciones peronistas anteriores tuvieron ocho ministerios y los socialistas los llevaron a 13 y a tres secretarías de Estado). Pero el rafaelino sabe que, además de Diputados, en las dos ciudades más importantes de la provincia también el socialismo guarnecerá a sus principales cuadros.
Basta continuar con la lectura de la ley que guió la conversación para perfilar por dónde ese análisis global comenzaría a desglosarse. El articulo 15 bis sostiene: «Adicionalmente a lo dispuesto en la ley, durante los dos últimos trimestres del año de fin de mandato no se podrán realizar incrementos del gasto corriente de carácter permanente, exceptuando los que trasciendan la gestión de gobierno, que sean definidos en ese carácter normativamente, y deban ser atendidos de manera específica».
«También aquellos cuya causa originante exista con anterioridad al período indicado y su cumplimiento sea obligatorio. Durante ese período, estará prohibida cualquier disposición legal o administrativa excepcional que implique la donación o venta de activos fijos. Se entenderá por incrementos del gasto corriente de carácter permanente a aquellos que se prolonguen por más de seis meses y que no se encuentren fundados en situaciones de emergencia de tipo social o desastre natural», concluye el texto.
