Así se manifestaba el legislador provincial Miguel Solis, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados.
Vencida la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo luego de que Unilever despida 65 trabajadores, se realizó una nueva audiencia que contó con la presencia del Ministro Julio Genesini, el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados, Miguel Solis, representantes del sindicato de Empleados Jaboneros y directivos de Unilever.
Solis expresó que “La empresa argumenta la necesidad de hacer una reestructuración de la planta, pero pasa por alto normas legales que convienen una instancia previa de negociación con el fin de evitar las cesantías”.
“Presentamos un proyecto de Declaración apoyado por todos los bloques, manifestando nuestra preocupación y resaltando el perfil multinacional de Unilever, tercera empresa que más ha facturado en 2016 y 2017, y lo injustificado de su determinación”, informó el diputado socialista.
La multinacional Unilever propuso el retiro voluntario de algunos empleados otorgándoles el doble de indemnización y el sindicato lo aceptó, ya que se trata de decisiones particulares de cada trabajador involucrado.
Esa situación no define qué va a pasar con aquellos que quieren mantener su fuente laboral, quedando el compromiso de la empresa de manifestarse al respecto en la próxima audiencia, el 21 de noviembre.
Reforma Laboral. Consultado sobre la reforma laboral propuesta por el gobierno nacional, Solís sostuvo que “no hay antecedentes en el mundo que demuestren que restarles derechos al trabajador haya propiciado la creación de más empleo.”
Agregó que “algunas medidas son inconstitucionales; el gobierno insinúo primero negociar las reformas dentro de los convenios de cada gremio pero ahora quiere avanzar directamente sobre la Ley de Contrato de Trabajo”.
“Existe un principio del derecho laboral que garantiza el carácter irrenunciable de estos derechos e impide el avance sobre logros adquiridos”, comentó.
“La reforma pretende reducir un 50% las indemnizaciones, quitando como base de cálculo horas extras, premios, bonificaciones y el aguinaldo proporcional, lo que revela que será más barato para un empleador despedir trabajadores”.
“Otras medidas que rechazamos son la tercerización del empleo, que borra la figura del responsable solidario; la ampliación de la jornada laboral creando un banco horas; la reducción del 14% de los aportes patronales, que podría desfinanciar en 5 años el sistema de seguridad social; también la reducción de dos a un año de la posibilidad de iniciar un juicio laboral”, detalló.
“Estamos regresando a los ’90”.
