El Municipio anunció el nuevo régimen del Derecho de Registro e Inspección (DREI) con un mensaje claro:
“Menos trámites. Más simple.”
Cuota fija.
Sin declaraciones juradas.
Menor carga administrativa.
Parte de una política de despapelización.
Suena bien. Y es cierto que simplificar trámites siempre es algo positivo.
Pero cuando hablamos de tasas e impuestos, la pregunta importante no es solo si el sistema es simple.
La pregunta es si es JUSTO.
Porque el cambio que se propone no es solamente administrativo. En realidad, consolida algo que ya venía ocurriendo hace años:
El DREI dejó de comportarse como una tasa para funcionar como un Impuesto.
Ya se viene cobrando en función de lo que factura cada comercio, primero con un monto fijo hasta cierto nivel de facturación, y si se supera ese umbral se calcula con un porcentaje determinado del total facturado.
Es decir: cuanto más vendes, más pagas. No importa si el Municipio te inspecciona más o menos.
Por ejemplo: un comercio con facturación promedio que requiere inspecciones más complejas por parte
del Municipio, puede llegar a pagar menos que un comercio con facturación un poco más alta pero que el Municipio ni siquiera tiene que inspeccionar por su bajo riesgo.
Eso ya es discutible, porque una tasa debería guardar relación con el servicio que presta el Estado, que
en este caso consiste en controlar preventivamente un comercio, habilitarlo e inspeccionarlo periódicamente.
Ese servicio, si hablamos de los recursos que insume del Estado, depende del tipo de actividad del comercio, del tamaño del local, del riesgo, de la complejidad del control. No depende de cuánto factura ese local comercial.
Pero en lugar de corregir esa distorsión y tener en cuenta parámetros más técnicamente adecuados para
definir categorías y periodicidad de pago más justas para el DREI, ahora se da un paso más en sentido
contrario.
El nuevo sistema ata directamente el DREI a las categorías del Impuesto a los Ingresos Brutos.
Es decir: se toma un esquema provincial, pensado para cobrar un impuesto, y se lo usa para calcular una tasa municipal.
Lo que antes era una distorsión, ahora se vuelve estructural.
Y además se defiende con el argumento de la simplificación.
Menos trámites.
Menos papeles.
Menos carga administrativa.
Pero aparece un problema serio…
Las categorías de Ingresos Brutos se actualizan solo dos veces por año.
Entonces puede pasar algo muy concreto…
Un comercio tiene un buen semestre y sube de categoría, entonces empieza a pagar más. Pero al semestre siguiente la situación cambia, las ventas bajan… y la categoría no baja automáticamente. Durante meses se sigue pagando como si al comercio le estuviera yendo bien.
Es decir: se puede terminar pagando más… cuando se gana menos.
Antes, al menos, el sistema acompañaba la facturación mes a mes. Era discutible, sí, pero tenía cierta lógica dinámica. Ahora, quienes adhieran pagarán por una foto vieja, y en una economía tan cambiante como la nuestra, eso no es un detalle menor.
Pero hay algo todavía más preocupante.
Al atar la tasa municipal a las categorías provinciales, el municipio deja de decidir su propia política tributaria.
Cada cambio que haga la provincia en esas escalas impactará automáticamente en lo que paguen los
comerciantes locales.
Sin debate local. Sin decisión del Concejo. Sin autonomía municipal real.
Por eso el debate no debería reducirse solo a la simplificación administrativa.
Simplificar siempre es bueno, y que sea voluntario también lo es, pero simplificar no debería ser la excusa
para dejar de discutir algo más relevante…
Que lo que se cobra tenga sentido, que tenga relación con el servicio que presta el municipio, y que las reglas no terminen perjudicando a quienes todos los días sostienen la economía de la ciudad.
Porque cuando una tasa se convierte en impuesto sin decirlo, el problema no es solo técnico.
Se rompe algo mucho más importante…
Se rompe la confianza.
Diego Trombino
Contador Público (UBA)
