El gobernador oficializó la propuesta para que la Nación pague los casi 50 mil millones que le debe a la provincia. Incluye pagos en efectivo y en bonos.
Lograr que el acto más político en mucho tiempo no se impregnara de tufillo electoralista en plena campaña por las Paso de un mes a esta parte que, encima, cuyos protagonistas son los mismos en ambos casos, fue un desafió audaz. Más allá de todo que se hubiere acordado previamente con la Casa Rosada, al gobierno santafesino fue una puesta en escena que le salió impecable, ceñida a lo meramente institucional. Al fin y al cabo el acreedor tendió la mano al deudor ofreciéndole facilidades para saldar los 50 mil millones que la Justicia ha dictaminado que la Nación le debe a la provincia de Santa Fe. «Lo que se discute acá es federalismo», fue el tono épico que le dio, exultante, el gobernador Miguel Lifschitz, al hablar ante la masiva concurrencia.
El conveniente plan que la Casa Gris le acercó al tesoro central consiste en que la provincia reciba entre 2018 y 2019, 15 mil millones en 24 cuotas (es decir, a razón de 625 millones mensuales). Por los restantes 34.840 millones se aceptaría su cancelación en títulos públicos nacionales.
Presumir que el equipo económico santafesino se arriesgó a hacer pública la oferta sin haberla comunicado con su par nacional o al menos sondeado la opinión de sus integrantes exponiendo al gobernador al ridículo de un acto de alta pompa para recibir un desaire no entra en ningún cálculo serio. No obstante, lo que Lifschitz buscó ayer fue hacer una manifestación de fuerza y meter presión a Mauricio Macri.
Por esta misma razón también se podría pensar que fue casi perfecta convocatoria que tuvo la reunión realizada ayer cerca del mediodía en el Centro Cultural Provincial de la capital provincial (con capacidad de 700 butacas que fueron colmadas) y que tan notoriamente contribuyera a darle el sino exitoso que buscaron las autoridades.
Fue la presencia de una buena representación de la oposición partidaria la que legitimó la oferta como en su momento y, ayer se encargó Lifschitz de subrayarlo, los gobernadores peronistas Jorge Obeid y Carlos Reutemann, fueron a declarar a la Corte Suprema para respaldar la demanda que entonces había interpuesto el gobernador Hermes Binner para que el Estado nacional le devolviese a la provincia los fondos de coparticipación que irregularmente le había retenido a lo largo de años.
No sólo estuvieron el propio Binner, su sucesor Antonio Bonfatti, todo el gabinete provincial (con excepción de María de los Angeles González), casi la totalidad de los legisladores del oficialismo y una nada despreciable presencia de diputados y senadores de distintas extracciones partidarias; sino figuras de la talla de los senadores nacionales María de los Angeles Sacnun y Omar Perotti; diputados nacionales de Cambiemos como Luciano Laspina, Mario Barletta, Ana Copes, Hugo Marcucci; del PJ, Silvina Frana. Sus pares Marcos Cleri y Josefina González enviaron una adhesión por escrito.
Por su parte, hubo presencias parciales en cuanto a intendentes: Mónica Fein, de Rosario, dijo presente; José Corral, de Santa Fe, no asistió. Además, concurrieron distintos concejales y funcionarios de ambas y otras ciudades e invitados especiales ajenos al Estado. Todo lo expuesto, es de suponer, también coadyuvó a que el clima que ayer sobrevoló el centro cultural en cuestión hubiere sido de cierto optimismo.
El escenario fue montado con austera precisión para lograr que el acto no fuera confundido. Un telón oscuro, con un cartel de fondo de color celeste y letras blancas que anunciaba «Propuesta de liquidación y pago de la deuda Nación con la provincia de Santa Fe-Fallos de la Corte Suprema de la Nación». En el centro del escenario y en una mesa vestida también en oscuro se sentaron el ministro de Economía, Gonzalo Saglione, el gobernador; el vicegobernador Carlos Fascendini (el único que no habló) y el fiscal de Estado, Pablo Saccone.
Saglione explicó la oferta con la que Santa Fe concluyó su intervención en la comisión bipartita que estuvo estudiando el caso reuniéndose durante todos estos años. Habló de «las dos cuestiones que había que definir: el monto de la deuda (a precios actuales) y la modalidad para hacer efectivo su cobro. Sobre el primer punto y ante la carencia de antecedentes, dijo entender que la tasa que mejor refiere es la tasa activa del Banco Nación sin capitalizar. La aplicación de este criterio arroja un monto muy inferior al que resultaría bajo un esquema de capitalización pero la provincia cree que es el que mejor se adecua a la naturaleza de la deuda que se ha generado en el marco de este fallo. Bajo la aplicación de esta tasa que a precios históricos ronda los 93.500 millones sería al 30 de junio de 2017 de 49.840 millones de pesos».
Cerró el gobernador con los agradecimientos de rigor y sin ocultar su satisfacción por el respaldo que le representaron tantas presencias. Dijo que la convocatoria tenía «sentido constructivo para encontrar una solución y evitar nuevamente el litigio» y no pasó por alto que entendió el pedido de espera que el gobierno le pidió «porque esta deuda se generó en años anteriores y no es responsabilidad del gobierno nacional actual. Finalmente nos propusimos con los funcionarios nacionales cerrar el tema a fin de año pero cambió el ministro de Economía y se postergó hasta los primeros meses de este año. Entendimos razonable eso también y nos propusimos mediados de año. Lamentablemente las contingencias nos permitieron que hoy tengamos una propuesta firme del gobierno nacional y por eso nos decidimos a dar vuelta la situación y elevar nosotros una propuesta. Entendemos que más allá de las cifras estamos discutiendo algo más profundo que tiene que ver con el federalismo en la Argentina. Un debate pendiente por más de 200 años, ni más ni menos».
