En un 2019 que arrancó con 27 asesinadas sólo durante enero y un ajuste que las empobrece, el movimiento feminista vuelve a tomar la calle.
Al filo del 2018, dos de los 15 despedidos en la Fábrica Militar de Fray Luis Beltrán fueron mujeres:una estaba aún una licencia por maternidad y la otra perdió junto con su empleo la obra social que le permite dar pelea a la enfermedad que padece. Terminó el año y el 2019 llegó con 27 mujeres asesinadas apenas en un mes, dos de ellas en Santa Fe, y una niña de 12 años obligada a parir en Jujuy y privada de su derecho a una interrupción legal del embarazo. Los hechos describen un escenario de retroceso, de una brutal política de ajuste que tiene un impacto diferencial —y las más de las veces impiadoso— en las mujeres; y una violencia machista que marcó un ritmo de casi un femicidio por día frente a un Estado que recorta presupuestos en las políticas de prevención. Enfrente, las organizaciones feministas, políticas, sociales y sindicales comienzan esta semana a debatir y construir el próximo paro internacional de mujeres del 8 de Marzo (8M). Con el desafío de llevar adelante un paro efectivo que se haga sentir y de ser en su diversidad muchas más en la calle, prometen «hacer temblar la tierra» una vez más y gritar una a una sus reivindicaciones.
Como en años anteriores, las asambleas donde el paro se pondrá en debate comenzarán mañana, a las 18, en el Centro Cultural La Toma (Tucumán 1349) donde las diferentes organizaciones abrirán el debate que, semanalmente y a lo largo de todo febrero, se mantendrá para dar forma a la medida de fuerza.
«Por un paro feminista de las pibas, las tortas, las travas, las negras, las putas, las sindicalistas, las migrantes, las originarias», proclama la dirigente de la organización Mala Junta e integrante del Colectivo Ni Una Menos, Majo Gerez, a la hora de pensar en un 8M que las convoque a todas a parar y movilizar, y que será el resultado de un «ejercicio de democracia feminista, plural, diversa y cada vez más amplia».
Femicidios
Para Gerez, «con la mayor conciencia social de lo que implican las violencias machistas, aparece como contrapartida una arremetida de la violencia machista que se traduce en casi un femicidio diario», y agrega: «Es un escenario donde las mujeres vivimos en constante riesgo, y la cotidianidad es supervivencia».
Sobre eso apunta a la responsabilidad del Estado ante ese panorama. «En 2018 el presupuesto nacional en políticas de género cayó un 19,1 por ciento, eso muestra cuán importante es para el Estado la vida de mujeres, lesbianas, travestis y trans», acota.
Sofía Botto, integrante de Mumalá, una de las organizaciones que año a año lleva adelante a través de los medios un registro de las mujeres, travestis y trans asesinados, señala que «sólo en enero hubo 19 femicidios y 8 casos más que serían también femicidios, pero que estamos esperando confirmar». Ante esas cifras, que incluyen dos casos de travesticidios, insistió en el reclamo que Mumalá, y otras organizaciones, vienen sosteniendo y que llevarán al Congreso de la Nación en un proyecto de ley de 14 puntos que es la declaración de la emergencia nacional.
Desde la Legislatura provincial, además de integrante de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, la diputada Silvia Augsburger, planteó la «especial preocupación ante la ola de femicidios que se inició en 2019, y la escasa y nula respuesta por parte de los diferentes niveles del Estado». Y recalcó «la convicción del movimiento de mujeres de que parar es estar en la calle exigiendo políticas públicas».
Precarizadas
En el espacio sindical, Liliana Leyes, dirigente de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), también recalcó «el momento clave y de unidad» que significa el paro de mujeres, e hizo hincapié desde su lugar en las brutales consecuencias que sufren las mujeres en el marco de la crisis económica: despidos, precarización y pobreza.
«El 2018 fue durísimo, hubo grandes despidos y el achicamiento del Estado repercutió fuertemente en esto que siempre remarcamos que es la feminización de la pobreza», señaló Leyes, y agregó que «justamente son las mujeres las que dentro de los empleos públicos tienen los trabajos más precarios y peor pagos, porque en el Estado la brecha salarial de la mujeres es del 37 por ciento».
«Y esas son las que trabajan», aclara la dirigente, que agrega que «es altísimo el índice de mujeres precarizadas, que no tienen trabajo formal ni licencias por enfermedad o maternidad, que tampoco van a tener jubilación, y esa violencia económica también la sufren más las mujeres que además cargan con las tareas de cuidado y trabajo doméstico, y que en un 90 por ciento de los casos tienen salarios por debajo de la canasta familiar».
A eso se suma la pelea que deben dar haciendo adentro de las estructuras sindicales: «Las mujeres se paran de otro modo, exigiendo la paridad y planteando la necesidad de ocupar los cargos donde se toman las decisiones».
