La normativa exige el cumplimiento de paritarias, la conformación de comités mixtos de Salud e Higiene, la constitución de un Consejo Provincial de Emergencia Educativa, un plan de inclusión digital para docentes y estudiantes, y la reincorporación de alumnos que abandonaron sus estudios a partir del inicio de la pandemia. La iniciativa fue girada al Senado.
La Cámara de Diputados y Diputadas de Santa Fe dio media sanción este jueves a la Ley de Emergencia Educativa, que otorga una serie de herramientas y promueve medidas destinadas a mejorar las condiciones educativas en el marco de la pandemia de COVID-19, atender la fuerte deserción escolar, restablecer las paritarias, las condiciones edilicias y sanitarias de cada establecimiento para la vuelta a clases, y promueve un plan para la inclusión de docentes y alumnos que achique la brecha digital. La iniciativa fue aprobada por amplia mayoría y fue girada al Senado para su tratamiento.
“Se trata de una ley que fue presentada originalmente por el gremio Sadop, tomada por el diputado Carlos Del Frade y enriquecida con el aporte de diputadas y diputados en la Comisión de Educación para lograr un muy buen dictamen”, rescató la diputada Claudia Balagué (Socialistas-FPCYS), presidenta de la comisión de Educación de la Cámara Baja.
“Es imprescindible contar con una ley de Emergencia Educativa, donde en muchos lugares de la provincia todavía no han podido revincularse docentes y alumnos. Entendemos que en este contexto la educación no puede quedar en un segundo, tercer o cuarto plano. Desde el Estado se está atendiendo la situación sanitaria y la económica, pero hay una curva que no se está teniendo en cuenta, que es la curva de la deserción escolar, que es alarmante por el presente y por el futuro de Santa Fe, y que cuanto más tardemos en hacernos cargo desde el Estado, más graves serán las consecuencias”, advirtió la legisladora.
La ley le otorga facultades al Ejecutivo para tomar decisiones extraordinarias pedagógicas y presupuestarias que reparen el derecho a la educación, y exige “el estricto cumplimiento de la Ley Nº 12.958, de paritarias, así como la implementación de los Comités Mixtos de Salud y Seguridad en toda la provincia según la Ley N° 12.913, a los fines de elaborar un protocolo para el retorno ordenado y seguro a las escuelas”. También dispone la constitución de un Consejo Provincial de Emergencia Educativa asesor para la toma de decisiones adecuadas para las características del territorio provincial, un plan de inclusión digital para docentes y estudiantes y la inclusión de los estudiantes que abandonaron la escuela desde el inicio de la pandemia.
“El Ejecutivo debe dar cumplimiento a dos leyes claves que tiene la provincia como la ley de Paritarias, que han sido cerradas unilateralmente con un bono por única vez que no contribuye en la estructuración del salario, y la de los Comités Mixtos de Salud y Seguridad, que permitirán en cada localidad y en cada establecimiento cuales son las necesidades para la vuelta a clase”.
Para asegurar la restitución del derecho a la educación de estudiantes que no pudieron sostener la escolaridad obligatoria a distancia, la ley crea un registro a partir del cual las delegaciones regionales deben trabajar por la inclusión y detener el aumento del índice de abandono escolar. En el mismo sentido, se propone el trabajo territorial para organizar dispositivos de “Educación de cercanía” para que en localidades de baja densidad poblacional se articulen espacios de enseñanza en instituciones educativas, clubes o centros comunitarios, bajo condiciones sanitarias establecidas en el protocolo de acceso, garantizando espacio y mínimo desplazamiento de docentes y estudiantes.
La ley de Emergencia Educativa crea además el “Programa Conectar Igualdad Santa Fe” como política de inclusión digital, con el fin de proporcionar un dispositivo tecnológico, así como la conectividad a estudiantes y docentes de educación inicial, primaria, secundaria, educación especial e Institutos de Formación Docente, de gestión estatal, privada y social.
Finalmente, a través del Consejo Provincial de Emergencia Educativa, presidido por el Ministerio de Educación, constituido por representantes de la Legislatura provincial, de organizaciones sindicales, cooperadoras escolares, institutos de Formación Docente y Centros de Estudiantes, se asesorará y monitoreará el desarrollo de las medidas tomadas en el marco de esta emergencia, que se extenderá por un año.
