El titular de Amsafé Rosario advierte que el enojo con el gobierno atraviesa a la mayor parte de la docencia santafesina.
Arrancó febrero, se acerca a toda velocidad el lunes 26 previsto para el inicio de clases, y este interrogante empieza a desvelar a todos los actores: gobierno, docentes, estudiantes, familias.
Junto con seguridad y producción, la educación fue un eje central de la campaña del hoy gobernador Maximiliano Pullaro. En reiteradas ocasiones se comprometió a sacar la educación de la crisis en la que está, a apoyar a los docentes, a respetar el ámbito paritario, a recuperar la “cláusula gatillo”, a mejorar nuestro salario y nuestras condiciones de trabajo.
En la hiperactividad desplegada desde el 10 de diciembre el gobierno volvió a ratificar este lugar prioritario de la educación y anunció el 4 de enero como fecha de inicio de las paritarias docentes: una señal clara de que se buscaba evitar el camino de las discusiones de último momento, discusiones cruzadas de desencuentros que en los últimos años no hicieron más que anticipar el conflicto en el día previsto para el inicio de clases.
Pero para la decepción de los más ilusionados y confirmación de los escépticos, desde aquel 4 de enero para acá el escenario no hizo más que complicarse y lo que se ve para adelante son nubes negras, de esas que anticipan tormentas. Es que cuando desde los gremios docentes nos sentamos a discutir la paritaria 2024, de manera inesperada, imprevista e ilegal el gobierno informó que iba a desconocer el cierre de la paritaria 2023.
Explico: en agosto del año pasado se firmó un acuerdo que establecía los salarios a cobrar entre ese mes y enero de este año. Se establecieron porcentajes de actualización mensuales (siempre por debajo de la inflación real) y en dos ocasiones, octubre y diciembre, se incorporaba una “cláusula de actualización” para cobrar con el salario del mes siguiente la parte de inflación perdida. Lo dijimos en aquel momento y lo volvemos a decir: el acuerdo era malo para los docentes y bueno para el gobierno, porque en todos los meses la inflación le gana al salario y siempre tarde recuperamos lo perdido. A comienzos de febrero, al cobrar los salarios de enero, nos tocaba cobrar la diferencia por la inflación de noviembre y diciembre. Cualquier observador puede darse cuenta, en medio de inflaciones mensuales muy altas, que el acuerdo está lejos de ser ventajoso para la docencia.
Según la legislación vigente los acuerdos paritarios tienen el valor de una ley y deben necesariamente ser cumplidos por las partes. Vale recordar que, a finales del 2019 cuando finalizaba el gobierno de Miguel Lifschitz (gobierno del que formaba parte Maximiliano Pullaro como ministro de Seguridad), también quedó en marcha un acuerdo salarial para los meses de enero y febrero que el gobierno de Omar Perotti debió cumplir sin mayor discusión.
Los altísimos niveles de inflación de noviembre y diciembre dejaron nuestros salarios por el piso (aún el cargo docente con el 120% de antigüedad está por debajo de la línea de la pobreza) y ahora correspondía cobrar una actualización del 36%. Pero el gobierno resolvió no pagarla y, creemos que la metáfora es absolutamente justa, meternos la mano en el bolsillo a docentes y jubilados.
El enojo atraviesa a la mayor parte de la docencia y la inevitable sensación es la de sentirnos estafados: porque nos roban una parte de nuestros magros salarios, porque no se cumple con ley y, además, porque pocas veces se borraron tan rápidamente los compromisos de campaña.
Da un poco de pena y mucho enojo escuchar a los ministros de nuestra provincia subirse al tren del ajuste nacional y repetir la letanía del “No hay plata”. En primer lugar, porque es falso, datos oficiales muestran que el aumento de enero a enero de las transferencias que recibimos de Nación (218%) es mayor al porcentaje de aumento que nos están negando (215%) (1). Pero además, el nuevo gobierno fue votado para mejorar la situación de la provincia, para resolver los problemas, no para empeorarlos. Santa Fe es una provincia rica y la fuerte devaluación, los precios internacionales de nuestra producción y la cosecha récord en marcha muestran a las claras que hay de dónde sacar recursos.
La decisión unilateral del gobierno vía un decreto de pagar en complementaria una pequeña parte de lo que nos corresponde en nada ha ayudado a mejorar la situación.
Faltan apenas 20 días para la fecha prevista de comienzo de clases. En el mes que pasó, desde aquel 4 de enero, se desvanecieron todas las expectativas generadas. La convicción es que retrocedimos cuatro casilleros, que lo que se fortalece es el conflicto, que el gobierno pareciera estar haciendo todo para que las clases no se inicien con normalidad. Los docentes y la comunidad educativa toda le reclamamos un urgente cambio de rumbo.
(*) Delegado Seccional de Amsafé Rosario
