Durante la última sesión ordinaria, el cuerpo legislativo dio luz verde a un proyecto presentado por el bloque Unidos. La iniciativa actualiza las exigencias sobre equipamiento, identificación obligatoria para los trabajadores y moderniza el esquema de multas e infracciones.
El Concejo Deliberante de Armstrong aprobó por unanimidad la modificación de la ordenanza N° 1125, una normativa clave que regula y controla los servicios de delivery y cadetería en la ciudad. El proyecto, impulsado y presentado por el bloque Unidos, busca poner al día un marco regulatorio que databa de los años 2007 y 2008, adaptándolo a las necesidades actuales del sector comercial y de tránsito urbano.
El presidente del cuerpo, profesor Alejandro Pertusati, detalló los ejes centrales de la flamante normativa durante la sesión. Entre los puntos más destacados, la ordenanza establece un riguroso ordenamiento sobre las características técnicas que deben cumplir los recipientes y habitáculos destinados al transporte de alimentos y envases, garantizando así las condiciones bromatológicas e higiénicas necesarias.
Asimismo, se introdujo como requisito obligatorio la utilización de pecheras refractarias que contengan de manera visible la identificación del comercio o lugar para el cual presta servicio el cadete o repartidor, reforzando tanto la seguridad vial como la transparencia en la actividad comercial.
Actualización en el régimen de infracciones
Uno de los cambios más significativos introducidos por la modificación radica en el sistema de penalidades. La normativa aclara que las infracciones se dividirán y tipificarán claramente entre deberes formales —regulados por la Ordenanza Tributaria municipal— e infracciones de tránsito, las cuales se rigen por el Código de Tránsito local.
Además, se actualizó la unidad de medida para las sanciones económicas. Mientras que en el texto original de 2007 y 2008 las multas se calculaban en base a litros de nafta súper, el nuevo esquema establece montos que van de 300 a 1000 unidades tributarias, dependiendo de la gravedad y la naturaleza de la falta cometida, dotando al municipio de un mecanismo más dinámico y acorde a la legislación fiscal vigente.
