Matías Chale destacó los “aportes genuinos de la provincia en materia de seguridad”, al tiempo que criticó duramente el accionar del Municipio. “Mientras Clérici gasta 4 millones en propaganda para engañar a los vecinos, Cañada ni siquiera cuenta con presupuesto específico para seguridad”.
“Cómo cañadense, uno no puede más que indignarse con el accionar del Municipio en relación a la inseguridad. Pareciera que la Intendenta está más ocupada en adjudicarse logros ajenos, que en destinar recursos para solucionar este flagelo. Es una verdadera burla a los vecinos”, dijo Chale.
Las declaraciones del actual presidente del Concejo cañadense se dan en el marco de la entrega de $ 350.000 por parte del gobierno provincial para el sistema de videovigilancia de la ciudad.
“La provincia lleva aportados más de 600 mil pesos para cámaras, realiza el monitoreo en la sede de la Unidad Regional X, adquirió móviles policiales y los equipó con GPS para controlar los patrullajes, y próximamente pondrá en funcionamiento el sistema 911. El Municipio, en cambio, no hizo absolutamente nada. Es hora que la Intendenta se ponga a la altura de este enorme esfuerzo que realiza la provincia, y haga algún aporte real a la solución del problema. La inseguridad se combate con hechos concretos, no con propaganda”, expresó Chale.
“Este año -agregó-, el sistema de propaganda oficial del Municipio les costará a todos los cañadenses 4 millones de pesos, mientras la Intendenta ni siquiera destina presupuesto específico para seguridad. Esto demuestra claramente cuáles son las prioridades de esta gestión”.
“Hemos visitado personalmente otras localidades de la provincia, con gobiernos de distintos signos políticos, donde los Municipios tienen una política activa y constantemente destinan recursos económicos y humanos para mejorar la seguridad. Exigimos lo mismo para Cañada de Gómez”, dijo el precandidato a Intendente del Frente Progresista.
Chale incluso relató que, días atrás, hubo un control conjunto en el tramo urbano de la Ruta 9 a cargo de la policía y la Agencia de Seguridad Vial de Santa Fe, y los vehículos secuestrados debieron ser remitidos a Armstrong porque la Intendenta se niega a firmar un convenio, según sus palabras.
“En 2013, la provincia aportó $ 260.000 para cámaras, y el Municipio demoró 1 año en instalarlas, como si la seguridad de los vecinos no fuera una cuestión urgente. Una demora inexplicable. Esta vez, esperamos que los valiosos recursos que entregó la provincia, al menos sean aprovechados en tiempo y forma”, culminó.
