Desde la Assal explicaron que ese porcentaje corresponde a muestreos que se hacen en los mercados de productores. Admitieron que «es alto».
Según cifras oficiales, el 30 por ciento de las verduras y frutas analizadas por la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal) presenta irregularidades respecto a la presencia de agroquímicos. Esto incluye en la mayoría de los casos dosis más altas de las permitidas y «desvío de usos» —o sea la presencia de determinado producto en un alimento que no corresponde según las normativas del Senasa—, hasta en algunas ocasiones la detección de productos prohibidos.
Así lo explicó Eduardo Elizalde, titular de la Assal, quien reconoció que ese porcentaje «es alto» pero argumentó que tanto el uso de agroquímicos prohibidos como el no respeto de los límites de aplicación «es un problema generado en la producción primaria de los alimentos». «La responsabilidad principal es del Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) porque se trata de productos que no deberían llegar a la góndola» agregó el funcionario.
Demanda
La difusión de estas cifras llegó un día después que se conociera que el abogado ambientalista, Enrique Augusto Zárate, presentó un amparo ante la justicia federal y provincial exigiendo más y mejores controles al Estado sobre agroquímicos en alimentos, tras conocer los resultados de análisis realizados en los laboratorios de la Bolsa de Comercio de Rosario donde se encontraron rastros de productos prohibidos y excesos en las dosis permitidas.
Ante esto, Elizalde dijo que la agencia hace dos años trabaja en muestreos sobre los tres mercados concentradores de la provincia, dos de Rosario y uno en la ciudad de Santa Fe. Los resultados de esos muestreos, que detectaron en promedio un 30 por ciento de irregularidades, son enviados al Ministerio de la Producción de la provincia, que es el encargado de trabajar de forma directa con los productores.
«Hemos encontrado entre desvíos de usos y límites por arriba de lo permitido cifras cercanas al 30 por ciento, es una cifra alta, pero estamos trabajando en la detección e informando a Producción».
El rol del Senasa
El funcionario agregó que el Senasa es el organismo responsable de la inspección primaria y señaló que a nivel provincial «se está avanzando» ya que hasta hace poco tiempo «ni siquiera se detectaba esto porque no había trazabilidad», que es el método que permite hacer el camino inverso desde la verdulería hasta el productor para saber el origen certero de cada verdura, fruta u hortaliza que llega hasta el consumidor.
«Cuando comenzamos a trabajar el principal problema era la falta de trazabilidad porque no sabíamos de dónde salían las verduras», dijo Elizalde, quien agregó que a partir de ese momento se creó primero el Registro Provincial de Producciones Primarias (RPPP) para garantizar que todos los productores estuvieran registrados y trazados. Este año, el RPPP fue reemplazado por el Registro Unico de Productores Primarios (Rupp).
La idea de eso es llegar de la verdulería al productor: «El tiempo que se tarda en llegar al resultado de los análisis es muy superior al tiempo de vida de los productos, por eso a los controles hay que hacerlo con los productores», resaltó.
Una vez que se detecta una irregularidad la Assal informa al Ministerio de la Producción, que es la cartera encargada de entrar en contacto con los horticultores. Es esa dependencia la que se encarga de hacer las auditorías y rastrear hasta el vendedor de agroquímicos, en caso de encontrarse elementos prohibidos por ley argentina.
Educación
Según Elizalde, la manera más efectiva de empezar a corregir este problema es intensificando la capacitación en buenas prácticas agrícolas en el eslabón primario, o sea los productores.
«Esto se soluciona con buenas prácticas agrícolas y eso es una cuestión de capacitación a nivel del productor, no se puede arreglar sólo con control porque una vez que llega ya es tarde. Cuando tenemos los resultados el producto ya fue consumido o se pudrió, y a nivel control no hay ni capacidad técnica ni recursos económicos que permitan analizar todos los productos que se venden».
Esa capacitación, según explicó, debe estar a cargo tanto del Senasa como del Ministerio de la Producción santafesino, lo que exige un trabajo coordinado de diferentes niveles del Estado nacional y provincial.
El funcionario de la provincia detalló que cada muestra analizada significa una inversión de alrededor de 5.000 pesos: «Es económicamente imposible realizar controles masivos a todos los productos». Por eso señaló que el principal problema es «la ignorancia» por parte de los actores del rubro.
Por el lado de los consumidores, recomendó lavar la verdura con abundante agua y agregarle vinagre para garantizar una mejores niveles de inocuidad.
«La principal responsabilidad es del Senasa porque se trata de productos que no deberían ir a la góndola»
Diario La Capital.
