Los trabajadores recibieron los telegramas de despidos el pasado 1º de febrero, cuando la promesa de la patronal había sido que no existiría la desvinculación.
Carmen es una localidad que tiene una población de 1.800 habitantes y el cierre de la empresa sería letal para la delicada economía de la población.
“El Estado tiene que defender a las pequeñas y medianas empresas y a sus trabajadores y bregar por la continuidad de los puestos laborales”, coincidieron los tres legisladores provinciales presentes que, por otra parte, integran la Comisión de Asuntos Laborales y Gremiales de la cámara de Diputados.
En ese sentido, los legisladores acordaron con la medida tomada por el Ministerio de Trabajo de la Provincia y resaltaron el rol activo del estado a favor de los trabajadores, no solamente en Carmen sino en toda la geografía santafesina.
Asimismo, se comprometieron a impulsar un proyecto de declaración en conjunto para presentar en la legislatura provincial a favor de la continuidad laboral y acompañar las medidas que lleven adelante los empleados y las organizaciones sindicales en los próximos días.