El reordenamiento del legislativo aprobado en el Senado determina la eliminación de un escaño. Autoridades provinciales confirmaron la medida que reconfigura el escenario político de la localidad.
El Concejo Deliberante de Las Rosas experimentará una modificación histórica en su estructura organizativa: a partir de la próxima conformación legislativa, la ciudad contará con un concejal menos. La medida, derivada de los recientes ajustes en la proporción institucional y poblacional de la provincia de Santa Fe, obliga a reconfigurar el escenario político local.
Esta alteración en el número de bancas responde a la aplicación de nuevas normativas que regularán la representación legislativa de los municipios. No está claro como será el proceso hasta esta situación.
Puntos más destacados que cambian el mapa político y administrativo de nuestras localidades
El Senado dio luz verde al nuevo marco que regula el funcionamiento institucional de los municipios. La norma funcionará como regla general y también como esquema supletorio para aquellas ciudades que dicten su propia carta orgánica.
- Ejecutivo y mandatos: Las intendencias tendrán mandatos de cuatro años con opción a una sola reelección consecutiva. La ley no contempla la figura del viceintendente por defecto; su creación dependerá de lo que disponga cada ciudad en su carta orgánica.
- Renovación de los Concejos: El número de bancas se ajustará a la cantidad de habitantes, salvo en Rosario y Santa Fe que mantienen su esquema actual. Los ediles durarán cuatro años en sus bancas, y se renuevan todas juntas con una reelección permitida. En localidades con más de 20.000 habitantes, el concejo se renovará por mitades cada dos años.
- Rol en la Seguridad: Los municipios sumarán competencias en planificación urbana, ambiente y salud. Sin embargo, en materia de seguridad, su accionar se limitará exclusivamente a la prevención social y el monitoreo. La seguridad pública y el uso de la fuerza seguirán en manos de la provincia.
- Finanzas y Fondo Educativo: Se imponen normas de responsabilidad fiscal, control de contrataciones y topes al endeudamiento. Un dato central: los municipios quedan obligados a destinar al menos el 10% de sus rentas anuales al Fondo de Asistencia Educativa (FAE) y a cultura.
- Participación ciudadana y control: Se incorporan herramientas de peso para los vecinos, como la iniciativa popular, el referéndum vinculante, la revocatoria de mandato y el presupuesto participativo. A la par, se exige crear órganos de control externo y garantizar el acceso a la información.
- Transiciones ordenadas: Se termina el margen para las sorpresas de último minuto. La ley crea una mesa de transición obligatoria entre gestiones salientes y entrantes, obligando a entregar la información detallada del estado administrativo y limitando las decisiones que comprometan a la futura gestión.
- Trabajo regional: Se fomenta la creación de áreas metropolitanas y regiones para coordinar políticas públicas y obras conjuntas entre localidades vecinas. Se suma además el funcionamiento de una justicia municipal de faltas para las ordenanzas locales.