Hay que ajustarse el cinturón. La certeza se escucha cada vez con más frecuencia en la cola del supermercado, en el colectivo o en la peluquería, donde los precios de los alimentos o los aumentos de tarifas son tema obligado. No es para menos: un estudio realizado por el Centro de Estudios Sociales y Acción Comunitaria (Cesyac) mostró que en marzo una familia de clase media necesitó para vivir 17 mil pesos. Y, de acuerdo al trabajo, el 70 por ciento de ese presupuesto se utilizó para pagar alquiler, impuestos y servicios del hogar.
El crecimiento de estos “gastos fijos”, auspiciado por el aumento en las tarifas de electricidad (46%), telefonía móvil (15%), cuotas de colegios privados (22%) y combustibles (5,90%), impacta con particular énfasis en los sectores asalariados; con ingresos que provienen en su mayoría de paritarias cerradas a mediados del año pasado.
Según destacó el director del Cesyac, Juan Marcos Aviano, de acuerdo al gasto promedio de viviendas con consumo medio a medio bajo, sólo en el primer trimestre del año una familia tuvo que destinar 750 pesos de más para afrontar el pago de impuestos y servicios.
De enero a marzo, para abonar la boleta de la luz hubo que poner, en promedio, 200 pesos de más; la del agua significó 70 pesos más y el inmobiliario, otros 90 pesos; por sólo poner algunos ejemplos.
Y si bien la mayoría de las subas de las tarifas se concretaron durante marzo, no se trata del final de la película. Durante este mes se sumarán también el incremento anunciado para el gas (alrededor del 300 %), naftas (otro 6%) y celulares (4%). Además llegará la segunda cuota del aumento de la tasa general de inmuebles que oscilará entre el 5 y el 7 %, según los distintos radios.
El relevamiento de precios al consumidor realizado por el Cesyac es una herramienta que permite medir el impacto de los precios de bienes y servicios para una familia tipo de la ciudad Rosario.
Los gastos del hogar se miden en función de los consumos promedio de una familia de cuatro personas, que tiene que afrontar el pago de alquiler, mantenimiento de un automóvil, un abono de medicina prepaga (promedio de las credenciales sanatoriales de la ciudad), las cuotas de un colegio privado (las mínimas autorizadas por Educación) y de un club de barrio.
En detalle. De acuerdo al trabajo, en marzo pasado ese grupo familiar necesitó para vivir 17.149,07 pesos; un 3,19 por ciento más que en febrero. Pero, a diferencia de lo registrado en febrero, en marzo el bolsillo estuvo más exigido por los incrementos en las tarifas de los servicios que por los aumentos en bienes de consumo.
Del presupuesto familiar, 11.753 pesos se destinaron a sostener los servicios básicos para el hogar. Alquiler, impuestos y servicios significaron 5.524 pesos, otros 4.034 pesos fueron a pagar las cuotas del colegio de los niños, prepaga, club, telefonía móvil y medicamentos. Por último, otros 2.195,18 pesos los insumieron los gastos de transporte.
La caída. Modificar hábitos de consumo es la primera reacción de la clase media frente al aumento de precios. Dejar de lado las primeras marcas por otras más económicas del mismo producto, limitar las salidas al cine o a comer afuera, comparar varios presupuestos antes de decidir una compra son algunas de las estrategias para defender el ingreso.
Sin embargo, en el caso de los gastos del hogar, la posibilidad de acción es más limitada. «No hay mucha forma de achicar. Se puede dejar de ir al club o usar menos el auto, pero no dejar de pagar los impuestos o los servicios», advirtió Aviano.
En los últimos meses se multiplicaron las reuniones entre las entidades de consumidores y los organismos de control de las empresas de servicios públicos. «Estamos muy preocupados por la coyuntura porque la situación es complicada, con subas importantes en las tarifas y la desorientación de los consumidores, que es grande», apuntó el director del Cesyac.
Uno de los reclamos pasa por la realización de campañas de difusión sobre los beneficios de las tarifas sociales en los servicios básicos para las familias de menores recursos. Y también se está evaluando la presentación de amparos judiciales con el objetivo de frenar las subas anunciadas sin la convocatoria a audiencias públicas. Mientras tanto, habrá que ajustar el cinturón. Al menos, mientras aguante.
Por Carina Bazzoni / La Capital