Será a partir del 1° de septiembre. Quiénes quedan exentos y qué pasa con los que decidieron no vacunarse.
«Presencialidad programada»: así denominó el Gobierno la vuelta a las oficinas de forma presencial que se oficializó este martes en el Boletín Oficial a través de la Resolución 91/2021 que aplica a todos los trabajadores de la gestión pública.
A través de la medida firmada por la secretaria de Gestión y Empleo Público, Ana Gabriela Castellani, se estableció que «las y los agentes deberán prestar servicios en modalidad presencial programada» según el «Protocolo covid-19» establecido por cada organismo de la Administración Pública Nacional.
Se podrá convocar a quienes hayan recibido al menos una dosis de cualquiera de las vacunas que se aplican en todo el país –Sinopharm, Sputnik V, Moderna o AstraZeneca– hace 14 días o más, «independientemente de la edad y la condición de riesgo».
Sin embargo, quedarán exceptuados de esta medida los empleados con inmunodeficiencias (pacientes oncológicos, con HIV, transplantados/as) y las embarazadas.
Según un comunicado publicado por la secretaría de Gestión y Empleo Público, la medida se llevará a cabo a partir del primero de septiembre luego de la «adecuación del protocolo general a las especificidades de cada lugar de trabajo».
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