Se aprobó la Ley de Empresas Recuperadas.

La norma fue girada al Poder Ejecutivo que encabeza Miguel Lifschitz para su reglamentación y promulgación.
La Legislatura provincial sancionó la Ley de Empresas Recuperadas mediante la cual el Estado santafesino brindará asistencia técnica, jurídica y económica a las cooperativas de trabajo que gestionen por cuenta propia emprendimientos productivos en cualquier rama de la economía. La autoridad de aplicación será la Subsecretaría de Economía Social y Solidaria, dependiente del Ministerio de la Producción de la provincia.
El proyecto de Ley impulsado por el diputado Joaquín Blanco, Miguel Solís y el bloque de diputados socialistas, que ya contaba con media sanción de la Cámara Baja, logró sanción definitiva cuando fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Senadores.
Se entiende por empresa recuperada a toda experiencia de autogestión en la cual los trabajadores se organizan en cooperativas con la misión de llevar adelante un emprendimiento productivo
Solis expresó que esta Ley “es producto de la lucha de miles de trabajadores que buscan sostener su fuente laboral, seguir produciendo y apostando al desarrollo de nuestra economía”.
Santa Fe es una provincia con amplia trayectoria en la materia. Existen al menos 35 empresas recuperadas en distintas localidades, convertidas en cooperativas, con más de 1.200 trabajadores en forma directa.
Por su parte, el diputado Blanco declaró que “Con las empresas recuperadas estábamos corriendo atrás del problema. Jurídicamente, a partir de la quiebra, había que demostrar ante el juez la necesidad de organizar a los trabajadores en cooperativas, se involucraban los abogados en el proceso de quiebra. Esto es al revés: ante un proceso de vaciamiento de una empresa, se constituye un grupo de trabajadores para sostener esas fuentes y hay un reconocimiento jurídico a partir de esta ley”.
Las empresas recuperadas serán beneficiadas con asistencia técnica y jurídica; acompañamiento del Estado para su sustentabilidad en los aspectos económico, productivo y social; tratamiento fiscal preferencial; acceso a líneas de créditos, programas de fomento y desarrollo tecnológico; capacitaciones en oficios por parte del Ministerio de Trabajo; la difusión, por parte de la provincia, de los productos elaborados por las cooperativas; ayuda para poder exportar; y una consideración diferencial por parte de la Empresa Provincial de la Energía en cuanto a la tarifa de electricidad.